Durante mucho tiempo hemos hablado de la transición ecológica como si fuera, por definición, algo positivo para todas las personas. Reducir emisiones, descarbonizar la economía, transformar los sistemas energéticos y productivos parece —y es— imprescindible.
Pero hay una pregunta que cada vez resuena con más fuerza:
¿para quién estamos diseñando la transición verde?
La evidencia científica es clara: la transición ecológica no es socialmente neutra. Puede convertirse en una palanca de justicia social… o en un amplificador de desigualdades preexistentes. Todo depende del diseño, del ritmo y de cómo se reparten los costes y los beneficios.
Cuando la transición verde aumenta la desigualdad
Uno de los principales riesgos de las políticas climáticas mal diseñadas es su impacto regresivo. Medidas como los impuestos al carbono o los impuestos verdes suelen encarecer bienes básicos como la energía o el transporte. Si no existen mecanismos de compensación, estos costes pesan proporcionalmente más sobre los hogares con menos ingresos.
No es que estas políticas sean erróneas en sí mismas. El problema aparece cuando se aplican sin redistribución, sin protección social y sin tener en cuenta las realidades materiales de las personas a las que afectan.
Otro mecanismo clave es el acceso desigual a las tecnologías verdes. Placas solares, rehabilitación energética, movilidad eléctrica o electrodomésticos eficientes requieren una inversión inicial elevada. Cuando el ahorro y los beneficios de salud solo están disponibles para quienes pueden permitirse esa inversión, la transición corre el riesgo de convertirse en un nuevo privilegio.
A esto se suma la dimensión territorial. Regiones dependientes de sectores intensivos en carbono pueden sufrir pérdidas de empleo, ingresos e identidad colectiva si no se acompañan con políticas de reconversión, formación y desarrollo alternativo. En entornos urbanos, algunas intervenciones ambientales han derivado incluso en procesos de green gentrification, donde las mejoras ambientales expulsan a la población más vulnerable.
Cuando la transición verde reduce desigualdades
La buena noticia es que este escenario no es inevitable. La investigación muestra que la transición puede ser socialmente beneficiosa cuando se diseña desde una lógica de transición justa.
¿Qué marca la diferencia?
- Redistribución explícita: el reciclaje progresivo de los ingresos de impuestos verdes (por ejemplo, mediante transferencias directas o “dividendos climáticos”) puede neutralizar —e incluso revertir— los efectos regresivos.
- Acceso equitativo a tecnologías: subvenciones bien dirigidas, programas públicos y modelos cooperativos permiten que los beneficios de la transición lleguen también a los hogares con menos recursos.
- Protección y reconversión laboral: invertir en formación, empleo verde y alternativas económicas en territorios afectados reduce el rechazo social y fortalece la cohesión.
- Participación real: cuando las comunidades participan en el diseño y la implementación de los proyectos, aumenta la aceptación social y se evitan soluciones desconectadas del contexto.
En otras palabras, la transición funciona mejor cuando incorpora lo social desde el inicio, no como un parche posterior.
El error de pensar la sostenibilidad solo desde lo técnico
Uno de los grandes errores que seguimos cometiendo es tratar la sostenibilidad como un problema exclusivamente técnico o normativo. Cumplir con objetivos, indicadores y marcos legales es necesario, pero no suficiente.
La transición ecológica es, ante todo, una transformación social. Afecta a cómo vivimos, trabajamos, nos movemos y nos relacionamos con el territorio. Ignorar esta dimensión no solo es injusto, sino también ineficaz: genera resistencias, desconfianza y bloqueos políticos.
Por eso, cada vez más voces insisten en que no basta con “hacer la transición”. Hay que preguntarse cómo y con quién.
Diseñar la transición para sostener la vida
Si algo nos enseña la literatura reciente es que la transición verde magnifica las estructuras existentes. Allí donde hay desigualdad, tenderá a ampliarla si no se corrige. Allí donde hay cohesión, puede reforzarla.
Diseñar políticas climáticas que cuiden a las personas no es una concesión ni un gesto moral: es una condición para que la transición sea viable, duradera y legítima.
La pregunta clave para empresas, administraciones y organizaciones no debería ser solo cómo reducir emisiones, sino también:
¿qué impacto tendrá esto en la vida cotidiana de las personas?
Porque una sostenibilidad que no cuida de quienes sostienen el sistema, difícilmente podrá sostenerse en el tiempo.
Con cuidado y con estrategia,
Psicóloga | Comunicación en Sostenibilidad Social & ESG
